Para obtener la autorización de residencia y trabajo por cuenta propia en España los extranjeros extracomunitarios deben cumplir requisitos específicos como demostrar la viabilidad del proyecto de negocio, la cualificación profesional adecuada o experiencia suficiente, la inversión necesaria y no representar amenaza para el orden público. Además, tanto la solicitud como la tramitación presentan particularidades relevantes en cuanto a ámbito territorial, plazo, renovación y efectos de la autorización, especialmente tras la entrada en vigor del Real Decreto 1155/2024 desde el 20-5-2025.
¿Cuáles son los requisitos esenciales para obtener la residencia y trabajo por cuenta propia?
El solicitante debe ser mayor de 18 años y presentar personalmente, en modelo oficial, la solicitud de visado de residencia en el consulado español de su país de origen o residencia. Entre los requisitos fundamentales destacan: cumplir la normativa exigida para nacionales en la apertura y funcionamiento de la actividad (licencias, alta tributaria, etc.), poseer la titulación, acreditación o experiencia suficiente en la actividad profesional que pretende desarrollar, justificar que la inversión es suficiente para el proyecto y, si es el caso, su incidencia en la creación de empleo, incorporar la documentación de no presencia de antecedentes penales, abonar la tasa por tramitación y no encontrarse en periodo de compromiso de no retorno a España. Además, no se debe constituir una amenaza para el orden o la seguridad pública, lo que implica un informe policial valorado por la autoridad. Es importante recalcar que, desde el 20-5-2025, la autoridad consular y posteriormente la autonómica o estatal examina la suficiencia del expediente y puede denegar la autorización ante la ausencia de estos requisitos o la presentación de documentos falsos.
¿Cómo es el procedimiento y cuáles son las principales etapas hasta la obtención de la autorización?
La persona interesada inicia el procedimiento solicitando visado conforme al art. 38 y 39 del Reglamento, adjuntando expediente técnico, documentos de identidad, pruebas de cualificación profesional y memoria económica del proyecto. El consulado remite la documentación y, si se cumplen los requisitos, la oficina de extranjería o, en su caso, la autonomía con competencia, resuelve en el plazo de hasta tres meses. Si transcurre este plazo sin resolución expresa, la solicitud se entiende desestimada por silencio negativo. Una vez concedida la autorización y expedido el visado, el solicitante debe entrar en España, y tiene un plazo de tres meses para darse de alta en el régimen de Seguridad Social correspondiente; dicha alta dota de eficacia a la autorización. Posteriormente, deberá solicitar la tarjeta de identidad de extranjero en el plazo de un mes desde el alta. La autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta propia se concede por un año, limitada a una Comunidad Autónoma y sector determinado; en el primer año, para trabajar en distintas CCAA dentro del mismo sector, se precisan autorizaciones adicionales.
¿Qué régimen se aplica a la renovación y cuáles son los beneficios en la práctica?
La renovación debe solicitarse durante los dos meses previos al vencimiento y puede concederse también en los tres meses siguientes, con prórroga de la autorización anterior hasta resolución. Se exige justificar la continuidad de la actividad, comprobándose de oficio el cumplimiento tributario y de Seguridad Social, no impidiendo la renovación eventuales descubiertos si se acredita la actividad habitual. En la solicitud ha de presentarse informe de escolarización de menores a cargo y se valorará, de no cumplirse todos los requisitos, el esfuerzo de integración (como un informe autonómico favorable). Tras la renovación, la autorización pasa a ser de hasta cuatro años (salvo acceso a residencia de larga duración), habilitando para trabajar por cuenta ajena y propia en toda España y en cualquier sector. Se prevén renovaciones en casos especiales, como protección por cese de actividad o ser beneficiario de ciertos subsidios públicos, y el silencio administrativo es positivo si no resuelve la Administración.
